Una hoja de ruta competitiva para la movilidad eléctrica

La movilidad es el futuro y, en Europa, la fuente prioritaria para descarbonizar los medios de transporte ligeros es la eléctrica. Tratar de estimular la competitividad de la industria automotriz en plena transformación hacia las emisiones netas zero requiere esfuerzos de agentes socioeconómicos, consensos público-privados y alianzas entre empresas e inversores para hacer más sencilla, cómoda, sostenible e inteligente la electrificación de la economía española, según la primera sesión de los Espacios de Energía de Cepsa, diseñados con la misión de acelerar la transición sostenible.

Por Ignacio J. Domingo

La movilidad eléctrica es una de las piedras angulares del Green Deal europeo. En este contexto, España necesita configurar un road map para su industria del transporte, en línea con la política de movilidad con fuentes energéticas renovables instaurada por la UE que no solo consolide el liderazgo global de un sector capital para la economía europea y, por supuesto, hispana, sino que impulse su competitividad frente a potencias como la estadounidense o la china. Esta hoja de ruta debería redefinir tanto las debilidades como las fortalezas de la transición energética española y constatar los esfuerzos competitivos, los recursos estatales, las facilidades crediticias, ventajas fiscales e instrumentos tecnológicos e innovadores precisos para situar en una misma longitud de onda a las empresas, los inversores, las autoridades de las tres administraciones públicas y a estamentos sociales con el desafío de acelerar esta reconversión energética hacia la sostenibilidad.   

Todo ello con soluciones de fuentes limpias específicas -hidrógeno, biocombustibles o SAF- para cada subsegmento productivo, ya sea el transporte marítimo, el aéreo o el terrestre, y sus variantes de vehículos de locomoción ligeros, pesados o turismos.  

La primera sesión de los Espacios de Energía de Cepsa, ideados para encontrar estrategias de actuación conjunta entre instituciones estatales, autonómicas y locales y expertos, académicos, empresarios y líderes de la sociedad civil, con el objetivo de poner en común ideas y llegar a conclusiones sobre diversos temas relacionados con el avance de la transición energética, puso de acuerdo a sus participantes en que es necesario un despliegue de la movilidad eléctrica      más sencillo -con menos trabas burocráticas y procesos administrativos más simples- más sostenible -capaz de expandir los actuales puntos de recarga-, y más inteligente, a partir de un marco regulatorio moderno y unas redes de infraestructuras tecnológicamente avanzadas,      modelando consensos de estado con aportaciones constantes de los agentes socioeconómicos.         

En consonancia con las directrices europeas, el foro impulsado por Cepsa esbozó la radiografía de situación actual de España; siempre bajo el contexto del mercado interior, donde el transporte es su industria más contaminante en conjunto, suponiendo un 30% del total de emisiones, entre el ligero y el pesado (y un 15% si lo observamos a nivel global).

Particularidades del mercado español

Pero la movilidad eléctrica, una de las piezas claves del puzzle de la descarbonización europea, “no acaba de despegar en España”, convinieron los expertos de esta sesión inaugural del Espacio de Energía de Cepsa. En 2023, las ventas de vehículos electrificados supusieron el 12% de los 113.000 vendidos, lejos del 21% del promedio europeo, con apenas el 1,2% (339.000) del total del parque automovilístico español. 

Además, de los casi 30.000 puntos de recarga, ya hay 2.000 de recarga rápida o ultra-rápida, aunque predomina en el subconsciente colectivo la idea de que “la infraestructura es aún insuficiente”. Es uno de los inconvenientes que aducen los consumidores a la hora de valorar la adquisición de un vehículo eléctrico (EV) y uno de los escollos que justificaría que las ventas anuales de coches eléctricos sigan siendo reducidas y similares a la de los ejercicios posteriores al colapso crediticio de 2008. Todo ello, junto a tendencias sociales cada vez más asentadas como la de no adquirir en propiedad un coche privado y optar por la cada vez más amplia oferta de vehículos compartidos (Maas, Mobility as a Service) que descongestionan el tráfico y reducen emisiones. O certezas como las de que la sociedad civil, especialmente las generaciones más jóvenes, apuestan por la electro-movilidad, sostenida por el boom de la digitalización. 

De ahí la conveniencia de buscar nuevas oportunidades para la industria automotriz, una de las joyas de la economía europea y que ha contribuido durante décadas tanto a la prosperidad de la Unión, al acaparar el 7% del PIB  comunitario y emplear directa o indirectamente a 14 millones de personas como  a la innovación tecnológica. 

 Cómo debería enfocarse la hoja de ruta española 

En este contexto, las consignas extraídas del foro de Cepsa son nítidas y enfocan la hoja de ruta hispana en tres líneas de actuación preferenciales: 

1.- Ordenación y despliegue de una infraestructura de recargas eficiente, debido a varias razones de peso:

- El despliegue de esta red asume en España un mayor grado de complejidad, pues el 65% de los vehículos no estacionan en garajes privados, lo que eleva el peso de los puntos de carga públicos.  

- Creación de un mapa que defina a nivel estatal la red básica de cargas públicas que garantice el reabastecimiento de baterías en puntos con alta densidad de tráfico y criterios de electrificación justa que eviten desigualdades geográficas; por ejemplo, en el ámbito rural.   

- Incluir las infraestructuras de recarga en los planes generales de ordenación urbana y considerarlos bienes de interés general o utilidad pública.  

- Reforzar la capacidad de la red eléctrica en puntos donde se concentra mayor demanda. 

2.- Ayudas a los vehículos eléctricos, en el momento de la compra.

- Volver a un sistema de subsidios similar al Plan Renove de descuentos directos en los puntos de venta (concesionarios), porque el precio sigue siendo la barrera psicológica y financiera a la adquisición de un vehículo eléctrico.

- Concreción de incentivos sociales como desgravaciones fiscales o ayudas a las empresas para fomentar su movilidad eléctrica y la de sus trabajadores. Entre otras, el leasing social auspiciado en Francia o el carsharing de iniciativa pública.

   - Visibilizar los beneficios y ventajas del vehículo eléctrico que combatan publicitariamente los falsos estereotipos que atentan contra este segmento productivo. 

3.- Simplificación de trámites.

- Agilización de los procedimientos burocráticos y de autorización de puntos de carga y concesión de ayudas a la compra del vehículo eléctrico. 

- Instauración de una ventanilla única que estandarice y agilice procedimientos administrativos y conexión a redes en todo el territorio. 

- Puesta en marcha de un centro de asistencia digital único y accesible a todas las empresas promotoras de puntos de recarga y que contribuya a visibilizar y aclarar cada proceso burocrático.  

Conexión fluida entre instituciones, empresas y consumidores

La conexión de agentes económicos y la cooperación público-privada que emergió en el foro de Cepsa es también la clave para la consultora McKinsey: “La ejecución de planes implica a una multiplicidad de agentes económicos, sociales y políticos en la misión de descarbonizar el sector automotriz que, además, debe adaptarse a los distintos ecosistemas nacionales y regionales”, por lo que resulta ineludible una “participación activa” de instituciones y empresas bajo unas reglas de juego claras y competitivas “capaces de trasladar los márgenes de beneficio de la movilidad eléctrica a otros segmentos productivos colindantes”. 

Los expertos de esta firma anticipan que la demanda global de vehículos eléctricos sextuplicará los 6,5 millones de vehículos vendidos en 2021, hasta alcanzar los 40 millones en 2030. 

 “La industria de la movilidad, especialmente su segmento de vehículos ligeros, ha asumido el consenso de que la descarbonización más eficaz de sus cadenas de valor pasa por la electrificación”, admite Patrick Schaufuss, socio de McKinsey en Múnich.

Ignacio J. Domingo ha dedicado gran parte de sus 30 años de ejercicio profesional a analizar asuntos de geopolítica, de economía internacional y de mercados de capitales en el diario Expansión y a colaborar en medios como El Confidencial; Capital, Estrategias de Inversión o El Diario.es, entre otros. Ha recibido el galardón de primer finalista del Premio Citigroup que reconoce las mejores informaciones económicas anuales.